La apertura indiscriminada de importaciones es una de las políticas económicas que aplica Cambiemos para, entre otros propósitos, intentar domesticar la inflación. Además de que este objetivo no se cumplió, con una suba del índice de precios al consumidor que rondará el 45 por ciento cuando finalice el año, el ingreso en masa de productos del exterior originó un agujero negro en la industria nacional, con el consecuente impacto en las fuentes de empleo, con miles de despidos y suspensiones. A esto se suma una contracción del mercado interno, derrumbe de la actividad productiva, con caída del consumo a raíz de una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.
La desregulación del comercio exterior adoptada por el gobierno de Mauricio Macri, en un contexto de recesión económica, generó una avalancha en la aduana de bienes de consumo final que desplazó al “hecho en Argentina”: un proceso de desindustrialización cuyas consecuencias se hicieron sentir rápidamente y se van agravando con el paso del tiempo. Cuando la mayoría de los países adoptan restricciones a la entrada de productos importados para cuidar su mercado interno y el empleo, en medio de una crisis internacional que no encuentra punto final, Cambiemos elige liberalizar la economía, un plan que se experimentó durante la dictadura y los 90.
Si bien Macri en campaña se llenó la boca con loas a las economías regionales, prometiendo su respaldo y ayuda económica, el ingreso descontrolado de alimentos de diferentes partes del mundo causó serios problemas para pequeños y medianos productores locales, situación agravada con los tarifazos de luz, gas y agua, sumada a la megadevaluación, que lejos estuvo de darles más “competitividad” como creía la ortodoxia económica y se confundían algunos productores.
El gobierno anterior eligió el camino de la sustitución de importaciones en defensa de la industria nacional y fortalecimiento del mercado interno, como política contracíclica frente a la crisis mundial. Ingresaban insumos que faltaban para fabricar productos en el país. El macrismo cambió y auspició la invasión importadora, con más oferta de productos terminados, lo que trajo aparejado cierre de fábricas y despidos.
El establishment industrial y sectores de la mediana empresa se quejaban durante el kirchnerismo por las supuestas “trabas arancelarias”, por el “cepo a las importaciones”. También sumaban críticas al mal llamado “cepo al dólar”. Sin embargo, tanto la desregulación del comercio exterior como del mercado cambiario que auspiciaban se les vino en contra como un búmeran.
Bota agujereada
Santa Fe es una de las provincias más perjudicadas por la ola importadora. Desde heladeras y bondiolas de Brasil, cortes de cerdo de Dinamarca, jamón crudo de España e Italia, frutillas de Marruecos, pasando por licuadoras chinas y calzado de Vietnam, a la provincia entró de todo, para todos los gustos y en gran cantidad.
Frente al avance de las importaciones, el Ministerio de la Producción provincial y la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) presentaron a mitad de año un Observatorio con el fin de monitorear la entrada de bienes y alertar sobre la destrucción del sistema productivo santafesino que genera la política macrista de liberalización comercial.
En cada informe los números fueron aterradores. Por citar un ejemplo, la industria de línea blanca de Rosario pasó de producir 1,2 millón de heladeras en 2015 a 800 mil este año. El ingreso de electrodomésticos vía grandes cadenas de supermercados, más la entrada de calzados, muebles y alimentos, encendieron una luz roja en estos sectores sensibles, que fueron los que más sintieron el impacto.
El Ministerio de la Producción y Fisfe elevaron varias propuestas al gobierno nacional para reducir el ingreso de importaciones, mercadería con bajos niveles de calidad que lesionan el entramado productivo provincial. No obtuvieron demasiadas respuestas. La quita de aranceles a las importaciones sacudió el mercado de trabajo a nivel país. Por eso, gremios industriales de Rosario y la zona salieron a denunciar la situación, mientras la CGT privilegia la estrategia del diálogo con el gobierno a cambio de un bono y modificaciones en el impuesto a las Ganancias (ver nota aparte).
La apertura importadora y la baja del consumo fueron causantes de conflictos laborales en la provincia. La fábrica de calzados Wyler`s de Alcorta abrió retiros voluntarios. Muebleros de Cañada de Gómez se muestran preocupados por caída de ventas. La empresa de herramientas Bahco radicada en Santo Tomé había anunciado la suspensión de 200 trabajadores y amenazó con despidos por el desplome de la demanda interna. A principio de año, la curtiembre Sadesa cerró su planta de Las Toscas y echó a 150 empleados.
Unos 30 trabajadores del frigorífico JBS Argentina –controlador de la marca Swift– fueron despedidos en la planta de producción radicada en Villa Gobernador Gálvez. Los frigoríficos Frideco de Totoras y Pividori de Avellaneda ya habían anunciado sus respectivos cierres.
La UOM local denunció que Acindar evalúa cerrar su planta de Rosario y la fábrica Bambi despidió a 60 trabajadores. Smata Rosario advirtió por la delicada situación en el sector automotriz. Devaluación, tarifazo, aceleración inflacionaria, apertura importadora y enfriamiento de la economía jaquearon a la actividad fabril santafesina. El primer año de Macri en el gobierno deja desindustrialización y una profunda grieta sociolaboral.
Despidos industriales
En el primer año de gestión de la alianza Cambiemos hubo un promedio de 650 despidos y suspensiones por día, según el último relevamiento que difundió el Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Una de los principales motivos fue la apertura de importaciones. Pese a los “acuerdos antidespidos” del gobierno con empresarios, entre octubre y noviembre se produjeron 11.127 despidos y 7.993 suspensiones, además de “vacaciones adelantadas”.
“Dentro del sector privado se manifiesta una significativa representación de los despidos de la industria sobre el total de lo relevados. En octubre y noviembre, los 16.103 casos de la industria representan el 84 por ciento de los despidos y suspensiones”, se indicó en el informe del Cepa.
Tanto octubre como noviembre volvieron a mostrar una elevada cantidad de despidos y la continuidad de las suspensiones en la industria, reflejando la profundización de la retracción en la producción de bienes.
En el total de los despidos y suspensiones, el 85 por ciento de los casos de la industria están vinculados a ocho actividades: metalúrgico, textiles, automotriz (con autopartes y neumático), electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas, petróleo, energético y frigorífico. En los meses de octubre y noviembre el 80 por ciento de los despidos se han concentrado en cuatro actividades: textil, electrónica y electrodomésticos, calzado y metalúrgico, según el reporte del Cepa.
Fuente: El Eslabón
Valeria
12/12/2016 en 10:24
Muy clarificador para quienes sostienen que eran las medidas que había que tomar,el contexto internacional de crisis es un factor importante a tener en cuenta y del que no se habla, o al menos en el modo en que repercute en las economías de la región, gracias por el informe.