El ex juez federal Guillermo Ernesto Tschopp está siempre presente en los juicios a los genocidas de la dictadura que se llevan adelante en Rosario. Desde que comenzaron en 2009, hasta ahora, en que se lleva adelante el proceso oral y público conocido como Feced III, donde se ventilan los delitos cometidos por diez integrantes del ex Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Santa Fe. No porque asista a las audiencias que se realizan todos los miércoles en los Tribunales de calle Oroño, sino porque aparece sistemáticamente en los crudos relatos de los sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención que funcionó durante el terrorismo de Estado, cuando cuentan cómo le relataban los tormentos a los que eran sometidos y el modo en que el ex magistrado usaba esas declaraciones arrancadas bajo tortura para condenarlos. El miércoles pasado, la agrupación Hijos Rosario tomó 16 de esos testimonios, junto a los habeas corpus que familiares de detenidos-desaparecidos presentaban ante su despacho y que Tschopp cajoneaba –entre otras pruebas–, y lo denunció para que se investigue su “participación en graves crímenes de lesa humanidad”.
Tschopp estuvo al frente del Juzgado Federal de la 2da. Nominación de Rosario durante siete años, los mismos que duró la última dictadura cívico militar. La denuncia presentada ante la Unidad Especial de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal (MPF), que conduce Adolfo Villate, releva los casos de víctimas de la dictadura que fueron privadas ilegalmente de la libertad y torturadas en centros clandestinos de detención que funcionaron en Rosario, algunas de las cuales fueron además asesinadas y desaparecidas.
En el escrito de Hijos, se da cuenta de multiplicidad de casos en los que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura –incluso algunas embarazadas–, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego el juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas.
La denuncia para que se investigue a Tschopp ingresada el miércoles pasado, lleva la firma de Franco Porporato, Nadia Schujman, Natalia Lorena Moyano, Santiago Bereciartua, Sofía Luján Barro Fosin y Matías Gómez, integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos) regional Rosario.
En la presentación, se recuerda que el denominado “Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional se erigió por el poder de las armas en norma fundamental, subordinando a él la Constitución Nacional” en lo que definen como un “claro acto de subversión institucional”.
“En ese contexto político y social, la tolerancia y complicidad de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaban la posibilidad y medios jurídicos para interceder por la situación de los detenidos, demuestran el estigma de la corrupción que capearon en esos años”, destaca el escrito, en el que además se remarca la “sistemática denegatoria a los recursos de hábeas corpus interpuestos, la indiferencia ante las denuncias de los apremios ilegales, y el trato vejatorio e inhumano de los regímenes penitenciarios, y la no investigación de la situación de personas secuestradas que aún hoy revisten el carácter de detenidos-desaparecidos”.
En el detallado informe enviado a la prensa –en el que Hijos resolvió preservar los nombres de las víctimas–, se destacaron algunos de los casos de los 16 relevados en esta primera denuncia contra Tschopp.
Uno de los casos se refiere al habeas corpus presentado por una madre en favor de su hija y de su nieta de 8 meses de edad desaparecidas, que consta en el Archivo de los Tribunales Federales bajo el n° de archivo permanente 2608. Según se desprende del recurso fechado el 5 de febrero de 1977, la mujer y la beba fueron apresadas en dependencias de la Policía Federal, cuando tramitaban el pasaporte para irse del país. “Fueron detenidas, negándose a partir de ese momento su paradero”, denunciaba aquella abuela, que luego se calzaría el pañuelo blanco.
“Tschopp se limitó a oficiar a las reparticiones de rigor, las cuales todas contestaron negativamente. Sin llevar a cabo otra medida, más que la formalidad de los oficios y aún cuando existían indicios claros de su secuestro por parte de personal de fuerzas de seguridad, rechazó el recurso sin más, con costas a la peticionante”, describen los abogados de Hijos en la presentación, en el que se subraya además que “esto no sólo trajo como consecuencia la desaparición hasta el día de la fecha de la madre, sino que la bebé fue apropiada, siendo el caso uno de los primeros en tramitar ante el juzgado de la jueza federal Servini de Cubría”. La niña vivió por años secuestrada por militares y sufrió “uno de los procesos de restitución más traumáticos de la historia argentina”, reseña la organización.
También se menciona el caso de un detenido-desaparecido que luego de haber sido salvajemente torturado en el SI, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el doctor Tschopp.
“Ante la presencia de este magistrado (el detenido) denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las actuaciones estando tabicado (vendado). Luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: «¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?»”.
“Asimismo (Tschopp) le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría. La condena dictada por el consejo de guerra (realizado por los militares), de 8 años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”, completa el relato de la denuncia de Hijos.
Otro de los casos mencionados por Hijos es el de una embarazada de 8 meses que, estando privada de su libertad en el año 1977, interpuso un recurso de amparo que obra en el Archivo de los Tribunales Federales, y en cuya primera foja contiene una carta en manuscrito de la mujer denunciando “las condiciones de detención inhumanas que sufría”. “Dicho recurso tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo por aquel entonces de Tschopp, quien a pesar de lo narrado por la detenida no tomó medida alguna para hacer cesar dichas condiciones ilegales de detención”.
Esa madre, que había estado privada ilegalmente de la libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario, y que fue sometida a un parto en la Maternidad Martin en la peor de las condiciones, pudo relatar “en forma verbal al magistrado el secuestro, las torturas, la detención de ella y de su marido”, según precisa el escrito de Hijos, en el que se añade: “A pesar de ello, Tschopp nunca inició una investigación en este sentido, ni dejó, cuánto mínimo, asentadas esas declaraciones”. “No estaba ante la justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron”, relató la mujer ante la Justicia, tiempo después.
Tras repasar los 16 casos relevados, Hijos señala que si bien la omisión de los deberes de funcionario es un “aporte penalmente reprochable en la medida en que además de su carácter sistemático el magistrado tenía el deber jurídico de actuar”, Tschopp terminó erigiendo en “una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad”.
Por último, Hijos destaca que “no puede soslayarse el silencio acerca de estos hechos que guardó Tschopp aún luego de retornarse al régimen democrático de gobierno, cuando comenzó a echarse luz sobre las atrocidades cometidas por la dictadura militar en aquellos años”.
