La orden de desalojo de la fábrica de alfajores La Nirva confirma que todavía hay jueces y dirigentes que amparan estafas patronales en lugar de respaldar a trabajadores que quieren sostener sus empleos.

El final del 2021 fue con luces de alerta para el movimiento de empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. Al desalojo ya perpetrado en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, contra la cooperativa Nueva Generación; se suma la amenaza de otro ordenado por la Justicia el 30 de diciembre en Lomas del Mirador, localidad de La Matanza, que muestra que todavía hay sectores judiciales y políticos que son cómplices o indiferentes ante las maniobras de vaciamiento de empresarios inescrupulosos, amparados por el poder institucional.

El caso de Matías Paradiso, titular de la empresa La Nirva, que producía el Grandote y otros alfajores, galletitas y dulzuras afines en su planta de Lomas del Mirador, suena a ejemplo clarísimo. Las reiteradas denuncias en su contra por el incumplimiento sistemático y extendido del pago de salarios y el resto de sus obligaciones patronales tuvieron poco y nada de eco en estrados judiciales y políticos. Pero la denuncia de Paradiso por “usurpación” contra el personal al que viene estafando y que no usurpó nada, sino que conformó una cooperativa y ocupó la fábrica para seguir produciendo y sostener las fuentes de trabajo, enseguida encontró respuesta: una orden de desalojo dictada por el juez Fernando D’Alessandro el 30 de diciembre.

La inmediata reacción de los integrantes de la cooperativa La Nirva, difundiendo y repudiando la decisión judicial y ratificando su voluntad de resistir la concreción de la medida, cosechó también rápidamente respaldos y pronunciamientos del amplio abanico de sectores sociales, políticos y del propio movimiento de empresas recuperadas y trabajadores autogestionados, que derivaron en la convocatoria a una concentración frente a la fábrica de La Matanza realizada este último jueves.

Allí, se supo que a las siempre necesarias expresiones de repudio y movilizaciones en el plano político se sumó la imprescindible acción en los ámbitos judiciales, con la presentación de una apelación al fallo de D’Alessandro que garantiza que, por lo menos a corto plazo, la orden de desalojo no se efectivizará.

Según adelantaron desde la cooperativa y los dirigentes y profesionales que la acompañan en su devenir cotidiano, el tiempo (que es oro) que lleve el tratamiento de la apelación será aprovechado para reforzar las gestiones ante legisladores y funcionarios bonaerenses y nacionales, en pos de encontrar en ellos las respuestas que no llegan desde los estrados judiciales.

En La Nirva hablan de “reforzar” esas gestiones porque los encuentros y charlas ya llevan varios meses, en los que las promesas de apoyo y las palmaditas cariñosas de “compañeros y compañeras” con responsabilidades legislativas y ejecutivas no se tradujeron en soluciones concretas.

De allí que entre los pronunciamientos contra la reciente orden de desalojo se incluyera entre los repudiados e interpelados a “todos y todas los que andan con los deditos en V para la foto en todos los ágapes a los que concurren, donde nadan en una frivolidad que da espasmos; y no ponen los mismos dedos en una computadora para escribir las leyes que necesitamos”.

Quien escribió ese párrafo es Franciso Martínez, referente de la cooperativa Textiles Pigüé y el movimiento de empresas recuperadas hoy incorporado al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), pero no por ello afecto a esquivar contradicciones de gobiernos de frentes populares, como los de Axel Kicillof y Alberto Fernández, que se exponen en casos como el de La Nirva.

A la vez que se reforzarán, entonces, las gestiones en espacios legislativos y ejecutivos, en La Nirva apuestan también a consolidar otro eje fundamental para la recuperación de la fábrica que ocupan: el de la producción con eficiencia y calidad suficientes para reinsertarse en el mercado, aspecto en el que –con el acompañamiento del mismo Martínez y otros referentes de la economía social– ya dieron pasos trascendentes, como el de sumar nuevos e importantes clientes, como la Cooperativa Obrera con sus numerosas bocas de expendio en el sur del país.

Con este panorama, en La Nirva nadie piensa en vacaciones. El presidente, Luciano Cáceres; el secretario, Daniel Martín y el resto de quienes forman parte del Consejo Directivo redoblan esfuerzos para coordinar las fuerzas del medio centenar de integrantes de la cooperativa, decididos a no ver frustrado su legítimo derecho a seguir trabajando para ganarse la vida, con patrón que cumpla sus obligaciones, o sin patrón, como tantos otros trabajadores y trabajadoras lo vienen haciendo desde hace años.

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