En medio del escándalo generado por la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Dhartés, la marca Ona Saez sacó a la venta remeras con el lema del colectivo de actrices “Mirá cómo nos ponemos”.
El concejal Eduardo Toniolli presentó una denuncia administrativa ante el Ejecutivo de la actividad comercial que realizan las empresas de cadetería Glovo y Rappi en Rosario, sin contar con habilitación municipal para ello.
Una ONG contraderechos denominada +Vida, que se opone a la interrupción legal del embarazo, lanzó una plataforma virtual para denunciar abortos clandestinos con el objetivo de crear el “primer mapa del delito del aborto”.
Miembros de la comunidad teatral de todo el país autoconvocados iniciaron una campaña en pos de defender el Instituto Nacional del Teatro, e invitan a firmar un petitorio dirigido al secretario de Cultura nacional Pablo Avelluto.
Un suboficial de comunicaciones de la Armada declaró ante la Justicia que un superior lo presionó para que borrara del libro de guardia tres intentos de comunicación que consideraba provenían de la nave desaparecida.
La agrupación Hijos Rosario presentó una denuncia contra el ex juez federal por su “participación en graves crímenes de lesa humanidad”, basada en los testimonios de decenas de víctimas del terrorismo de Estado.
El Concejo puso la mira en un bar céntrico por denuncias de acoso y abuso a uno de sus dueños a través de dos proyectos presentados por la edila del Frente Social y Popular Celeste Lepratti,quien reclamó una urgente inspección.
La concejala María Eugenia Schmuck, quien viene denunciando junto a su par Fernanda Gigliani el monopolio de un grupo de taxistas en la Terminal de Ómnibus, rechazó una amenazante carta documento.
El secretario general de ATE Neuquén Carlos Quintriqueo y el legislador porteño de Unidad Ciudadana Leandro Santoro sostienen que el Gobierno vendió títulos del Estado en Transener a una firma de Angelo Calcaterra.
Referentes de organismos de DDHH, sociales, sindicales y políticas, legisladores nacionales, provinciales y locales presentaron una denuncia por “amenazas, hostigamiento e intimidaciones masivas”, a través de grupos de WhatsApp.
