La Asamblea por los derechos de la niñez y la juventud reclamó la confirmación de los procesamientos contra los 30 policías acusados por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014.
El Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Santa Fe respaldó el accionar de sus pares en la investigación sobre las escuchas que comprometen al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
El acusado como jefe de la asociación ilícita entre policías y civiles para defraudar al Estado con reparaciones truchas dijo que el 70% se lo llevaba la fuerza y el 30 él, como las medidas de la famosa bebida. Sostuvo que “toda l
Son 10 millones de pesos por quincena, 207 millones al año. Se trata de las horas Ospe de la fuerza de seguridad provincial, una sigla que significa “orden de servicio de policía extraordinaria”.
Un centenar de agentes y jefes denunciados en las últimas semanas son “casos aislados” para el gobierno. Otros apuntan al “Estado como regulador del crimen”. Hay 2.870 efectivos sumariados en menos de dos años.
Del Frade quiere saber por qué “casi medio centenar de policías fueron requeridos por la justicia sin que se conocieran medidas o acciones de parte del gobierno anteriores a las mencionadas decisiones de ambos fueros”.
Familiares de las víctimas y la Multisectorial contra la Violencia Institucional se movilizaron para exigir justicia y que la Policía y el Ministerio de Seguridad se aparten de la investigación. Denunciaron amenazas a testigos.
La hermana de Fernando Groia, el tachero asesinado el domingo, repudió la hipótesis policial que sembró dudas sobre el posible móvil del crimen. La mujer reclamó que “primero averigüen qué pasó".
