El golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende fue la culminación de un largo proceso, fue el final de un operativo desgaste que combinó varias formas de violencia, simbólica y física, y desató un genocidio.

Muchas de las estrategias que se utilizaron contra la democracia, las organizaciones populares y el pueblo movilizado (guerra económica, guerra psicológica, demonización, campaña de mentiras, utilización del miedo) tienen hoy plena vigencia en la región y en la Argentina.

Los actores que protagonizaron el golpe son también muy conocidos. Hoy no suelen dar golpes de Estado a través de fuerzas militares. Otras son las tácticas que privilegian las corporaciones, el imperio estadounidense y las agencias de inteligencia. Pero los actores, y sus objetivos, son idénticos. Nada ha cambiado.

La diferencia es que ahora los perpetradores del golpe contra Allende están en el poder en buena parte del continente y el mundo. Tienen otra manera de imponer sus objetivos. Los procesos históricos se desarrollan con otra dinámica, y las corporaciones pueden incluso amoldarse a las formas democráticas y desde allí imponer sus intereses.

Hacía años, mucho antes de 1973, que la CIA, las empresas multinacionales, los grandes empresarios chilenos, y los medios hegemónicos, muy especialmente el diario El Mercurio, querías sacarse de encima a Allende. Como suele suceder, convencieron a buena parte de la clase media de que era el demonio.

El presidente de la Unión Popular se había animado a reformar la Constitución para establecer, por ejemplo, “la libertad de enseñanza y la educación básica obligatoria”.

También se animó a meter mano en el sector económico, y dispuso el control estratégico de los recursos naturales del país. Nacionalizó la industria del cobre en 1971 y la colocó bajo control estatal en un ciento por ciento. Por cosas como esas se puso en la mira de los golpistas.

El accionar de la prensa fue indispensable para preparar, justificar y dar el golpe. El propietario y director del diario El Mercurio, Agustín Edwards, realizó, antes del golpe, en 1970, gestiones en la Casa Blanca para que el gobierno de EEUU impidiera la asunción del entonces presidente electo Salvador Allende.

Pocos días después de que Allende triunfara en las elecciones presidenciales (el 4 de septiembre de 1970), Edwards viajó a Washington. Fue recibido por el presidente Richard Nixon, a quien solicitó una actuación enérgica para impedir que Allende asumiera, o bien para derrocarlo si lograba iniciar su gobierno.

Edwards no volvió a Chile hasta varios años después, cuando ya se había consolidado la dictadura de Pinochet, pero a la distancia mantuvo férreo control sobre el diario y el conjunto de su grupo económico.

El Mercurio recibió dos millones de dólares de la CIA para poner en marcha el complot. Estas y otras evidencias están descritas en documentos públicos, como el Informe Church del Senado de EEUU, las memorias del ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, los documentos desclasificados de la CIA, una gran cantidad de testimonios de ex altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon, y diversos trabajos de investigación periodística.

En busca de la verdad

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este lunes 11, al cumplirse 44 años del golpe, que impulsará una ley que permita levantar el secreto de los testimonios prestados ante la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), que documentó las torturas que sufrieron miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet. “El conocimiento de la verdad es anterior a cualquier otro proceso para el reencuentro en una patria aún fracturada”, señaló la mandataria durante un homenaje a Allende.

La Comisión Valech fue creada durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y estableció, en base a testimonios de víctimas, victimarios y testigos, que unos 33 mil chilenos fueron torturados y encarcelados durante la dictadura (1973-1990), pero determinó un secreto de cincuenta años sobre los datos recogidos. Esto impide que las víctimas puedan aportar pruebas cuando recurren a la justicia en busca de alguna reparación del Estado por el daño sufrido.

Pinochet tuvo su Clarín y su Magnetto

El propietario y director del diario El Mercurio, Agustín Edwards, murió el 24 de abril de 2017, a los 89 años. Dos años antes, en abril de 2015, fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile por colaborar con la CIA y recibir dos millones de dólares de esa agencia para derrocar al gobierno constitucional en 1973. La decisión fue calificada como “histórica” por el gremio de trabajadores de prensa.

El diario El Mercurio de Chile no sólo colaboró con el derrocamiento del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, tal como hicieron los medios hegemónicos de todo el continente con relación a todos los golpes de Estado que se perpetraron en la región y las dictaduras genocidas que instalaron. El diario El Mercurio de Chile, propiedad de Agustín Edwards, hizo mucho, pero mucho más que eso.

Ese medio, aun hoy, sigue defendiendo la derecha más retrógrada, y continúa reivindicando el pinochetismo y la política económica que impuso a sangre y fuego, que en buena medida sigue vigente en Chile. Pero su historia con el golpismo y las conspiraciones antipopulares y antiobreras es mucho más larga.

El caso El Mercurio, sobre el cual existe una copiosa bibliografía –libros, informes, investigaciones periodísticas y académicas y archivos desclasificados por la CIA–, es paradigmático con relación a la pata civil, empresarial, y más específicamente mediática, que fue fundamental en todos los golpe de Estado perpetrados en el continente durante los siglos XX y XXI.

Edwards no sólo preparó el clima y apoyó el golpe urdido entre el ejército, la CIA, y empresarios tanto chilenos como estadounidenses. Edwards viajó a EEUU antes de que Salvador Allende asumiera. Edwards estaba más apurado que la propia CIA para dar el golpe. Y antes que eso, intentó impedir el triunfo de Allende, y luego intentó que no asumiera la presidencia tras su triunfo en las urnas.

El documental “El diario de Agustín”, realizado por estudiantes de la Universidad de Chile, es esclarecedor sobre la conspiración que encabezó ese periódico contra la democracia. Por eso, la decisión que en 2015 tomó el Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas (TRED) de expulsar a Edwards es un histórico acto de justicia por el que lucharon organismos de derechos humanos y ex presos políticos y familiares de víctimas de la dictadura.

“El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas (TRED) informa a la ciudadanía su decisión de sancionar con la expulsión de la Orden al colegiado Agustín Edwards Eastman, al término del juicio en que fue hallado culpable de vulnerar disposiciones del Código de Ética Periodística”, dice la resolución de la entidad.

El proceso contra Edwards comenzó el 15 de noviembre de 2014 por una denuncia presentada por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, sustentada en documentos secretos desclasificados en EEUU, en los que aparece colaborando en operaciones de la CIA y obteniendo fondos de la administración del presidente Richard Nixon para “contribuir a socavar la democracia (y) facilitar el golpe de estado contra Allende”.

Durante el proceso también “fueron entrevistados víctimas de la represión por parte de organismos del Estado, quienes coincidieron en sus testimonios reprobando el rol que tuvo el acusado”.

La denuncia que dio origen a esta decisión se funda, entre otros testimonios, en los antecedentes que reveló un informe del Senado de EEUU, el célebre informe Church, así como los libros del historiador Peter Kornbluh, que sitúan a Edwards como uno de los impulsores del golpe, así como un actor favorecido por la CIA, que habría apoyado con casi dos millones de dólares a El Mercurio durante el gobierno de Allende.

Para Kornbluh, Edwards fue “el colaborador más importante, según la CIA, para crear las condiciones para un golpe de estado en Chile”.

El académico dirige la sección Chile del National Security Archive y es autor de varios libros en los que se reproducen documentos relativos al rol de EEUU en el golpe de estado chileno. En 2003, su investigación The Pinochet File fue elegido por el diario Los Ángeles Times como el “libro del año”.

De acuerdo a su investigación, inmediatamente después del estrecho triunfo de Allende, “Edwards comenzó a hacer lobby con los oficiales estadounidenses en Santiago, con el fin de que iniciaran una acción militar”.

Fuente: El Eslabón

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