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Dos informes (de la ONU y de Amnistía Internacional) denuncian las atrocidades que viene cometiendo la dictadura encabezada por Yanine Áñez: masacres, asesinatos, torturas, malos tratos, discriminación racista, amenazas y detenciones arbitrarias.

Ambos informes son claros y lapidarios. No dicen nada nuevo, pero dejan por escrito, prueban y difunden a escala mundial las masacres que la dictadura de Bolivia viene cometiendo contra su pueblo desde el golpe de Estado. Ambos fueron elaborados por organizaciones insospechadas de tener la más mínima simpatía con relación al Movimiento al Socialismo (MAS) ni a Evo Morales. Uno de los informes es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se titula “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia – Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos” y puede leerse completo en línea o bien bajarlo en formato pdf. Su extensión es de doce páginas.  

“Insto a los bolivianos a que aprovechen esta resolución pacífica de las últimas tensiones, dada la importancia de que las elecciones transcurran respetando plenamente los derechos humanos. Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos”, dijo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En el informe se formulan una serie de recomendaciones destinadas a fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas.

Desde noviembre de 2019, se desplegó personal de la Oficina de Derechos Humanos en Bolivia para reunir información de primera mano. El informe de la Oficina sobre los eventos de 2019 está basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

Alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas, según la ONU. Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud. El gobierno ha negado que las fuerzas de seguridad hayan utilizado armas de fuego contra los manifestantes, menciona el texto de la ONU.

Entre los incidentes más graves se encuentran el asesinato de al menos nueve personas (según la ONU) durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz).

En su última página, el informe hace una serie de bienintencionadas recomendaciones que, hasta ahora, la dictadura de Bolivia no sólo no cumple sino que se empeña en hacer todo lo contrario.

“Fortalecer la autonomía, los recursos y las capacidades del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación” y “combatir discursos de odio y otras acciones de intolerancia y discriminación, incluyendo aquellas que provengan del gobierno y funcionarios públicos, autoridades, partidos políticos y otros actores”, señala el texto.

Bajo el título “Espacio cívico y democrático”, el organismo recomienda “promover un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo la condena sistemática y pública de todo acto de intimidación en su contra y el establecimiento de un mecanismo de protección dotado de recursos suficientes que garantice la seguridad de aquellas personas que se encuentren en riesgo”, agrega el reporte, que también llama a “respetar y proteger el derecho a la reunión pacífica permitiendo que las manifestaciones se realicen sin interferencias indebidas”.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe”, dijo Bachelet.

“Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Esto es esencial no sólo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad. La falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado”, añadió la ex presidenta de Chile.

El informe de Amnistía Internacional (AI) también se puede bajar en formato PDF. Está disponible en español y otras lenguas y cuenta con 42 páginas. AI coincide con la ONU en que las atrocidades cometidas continúan impunes.

AI es un movimiento global ​ presente en más de 150 países, con sede en Londres, que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales.

El informe de esta organización se titula “Bolivia: Para Sanar la Pandemia de Impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”.

“Se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”, dice el texto de AI.

“Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008”, recuerda el organismo defensor de los derechos humanos.

“Periodistas y comunicadores sociales sostienen que en Bolivia se está restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de expresión a través de amenazas, ataques e intentos de silenciamiento sufridos por periodistas, medios de comunicación y comunicadores sociales nacionales e internacionales. El gobierno interino ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos de su gestión”, señala el informe en la página 4.

El 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Jeanine Áñez promulgó el Decreto 4078, que dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo de las fuerzas de la Policía Nacional”. Además, dicho Decreto eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública “cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

“Con el Decreto en vigor, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operaciones conjuntas para controlar manifestaciones, y hubo denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza, como en Sacaba y Senkata, donde también se ha denunciado la presencia de manifestantes armados. Los hechos de Sacaba y Senkata no han sido esclarecidos por las autoridades competentes y permanecen también en la impunidad”, señala el informe de AI.

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